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elcomercio.com - Ecuador


10/03/2010 La vía Alóag-Santo Domingo está cerrada parcialmente

Un grupo de obreros trabaja desde hoy en el kilómetro 92 de la vía Alóag-Santo Domingo. Allí se construye un muro de gaviones, para evitar deslizamientos en la zona.

Por ello, solo un carril estará habilitado en el sector. Será un cierre parcial de 07:00 a 17:00, durante 30 días. En la noche y en la madrugada, el paso no tendrá restricciones. Por esa vía circulan unos 7 000 vehículos al día, entre livianos y pesados.

En febrero de 2009 hubo un derrumbe en la zona, en el cual murieron tres personas y otras tres quedaron heridas. Por esa razón, el Comité de Operaciones Emergencia (COE) invierte en esta infraestructura. La ejecución está a cargo del Municipio de Santo Domingo y el costo asciende a USD 40 000.

Según el fiscalizador, Luis Echeverría, el muro tendrá entre 4 y 6 metros de altura, en una longitud de 100 metros. También se mejorará el talud y se reforestará el sector para evitar deslizamientos.

La montaña sobre la que se construye el muro limita con otra carretera que conduce a las instalaciones del Batallón Montúfar. En el subsuelo de esta carretera secundaria está instalada la tubería principal que lleva las aguas desde el río Lelia hasta la planta de tratamiento de agua potable de Santo Domingo.

Echeverría dijo que bajarán la profundidad de la tubería de 1,30 metros a 3,50. La inversión es de USD 160 000.



10/03/2010 En Ibarra se construyen casas en zonas inestables
Redacción Ibarra

La actualización de la ordenanza que regula y controla las construcciones en Ibarra, no se concreta. La ciudad es vulnerable a los sismos.

Las zonas más riesgosas están en el centro y en los barrios ubicados en las riberas del río Tahuando.También en el sector de La Campiña y del Paseo Bolívar, tras la calle Montalvo.

Por ejemplo, en los últimos años, más de 50 casas se edificaron cerca de una quebrada, en el Paseo Bolívar, sin respetar los 15 m de línea de fábrica. Armando Méndez, jefe de la Unidad Municipal de Vivienda, reconoce que todavía se levantan viviendas en zonas muy inseguras.

El 16 de agosto de 1868, un sismo de magnitud 7,8 en la escala de Richter mató a 4 485 personas en Ibarra. El 5 de marzo de 1987, un temblor de 5 grados afectó a monumentos, casas y ocasionó alarma en la población.

Desde marzo de 2001, el Cabildo delegó al Colegio de Ingenieros Civiles de Imbabura (CICI) la revisión y aprobación de los diseños estructurales de todas las edificaciones. “Pero no se levantan estructuras resistentes a sismos”, dice el alcalde Jorge Martínez.

Según Polo Martínez, presidente del CICI, a diario se aprueban dos planos estructurales y una cantidad superior no cumple con el requisito. “En el asesoramiento profesional y en la aprobación de los planos se invierte el 10 % del presupuesto de la obra”.

El concejal Wilmer Taboada, presidente de la Comisión de Planificación y Obras Públicas, considera que se debe actualizar la ordenanza. “No estamos preparados para afrontar un sismo como el de Haití o de Chile”.
Para él, se debe pedir al CICI que asesore para la revisión y actualización de la norma.
Rosa Iturralde recuerda que en el terremoto de 1987, su casa se cuarteó. “Solo hice coger las fallas, pero eso no me da seguridad”.

10/03/2010 En Bahía de Caráquez no hay control a las construcciones
Redacción Manta

Después del terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter que soportó Bahía de Caráquez, el 4 de agosto 1998, los recuerdos del movimiento aún están latentes entre los residentes del lugar.

La casa de María Luisa Robalino se cayó a causa del movimiento telúrico. Ella recuerda que su inmueble estaba ubicado en la avenida Bolívar, a 300 metros del malecón de la ciudad. “Allí quedó solo el terreno y ahora vivo con uno de mis hijos”.

La vivienda de Robalino, de 82 años, fue una de las 274 que quedaron destruidas después del sismo. Otras 605 edificaciones fueron afectadas. Hubo tres muertos y 1 240 damnificados.

Después de casi 12 años de la tragedia, el Municipio de Sucre, a donde pertenece Bahía de Caráquez, aún no ha creado una ordenanza que exija que las construcciones sean con estructura sismorresistente.

“Queda a criterio del constructor ponerle atención a las medidas de prevención, a la hora de construir”, comenta Octavio Mora, arquitecto.

Vicente León, jefe del Departamento de Planeamiento Urbano del Municipio, reconoce que el tema de ordenamiento no ha tenido un avance significativo.

La única guía que tiene la entidad es un estudio que realizaron técnicos de la Escuela Politécnica Nacional.
Allí se definieron los retiros entre viviendas y la consistencia de las estructuras, teniendo en cuenta la ubicación geográfica.

Según León, para los próximos meses se propondrá una ordenanza para controlar las nuevas construcciones.

Después del terremoto, la única obra de importancia es la construcción del puente sobre el río Chone. Su estructura es resistente a sismos. Así lo asegura Pedro Mosquera, superintendente de construcciones.

10/03/2010 Un Plan que no se cumple en la urbe

Redacción Sierra Centro

En 1951, dos años después del terremoto, el Municipio de Ambato estableció que solo se podían construir edificios de hasta cinco pisos, en el centro.

En 1970, se reformó y el Concejo aprobó que el número de pisos sea ilimitado. Se autorizó la construcción de edificios como el de la Mutualista Ambato y de la Asociación de Empleados. Tienen 11 y 12 pisos, respectivamente.

En 2009, el Plan de Reordenamiento Territorial estableció que los edificios altos deben construirse en zonas donde las calles tengan 20 metros de
ancho. Además, en terrenos con más de 800 m2.

De acuerdo con las normas, el Cabildo obliga a presentar planos estructurales a partir del primer piso. El objetivo es que los técnicos de la construcción y los dueños garanticen una edificación de calidad y sismorresistente.

Sin embargo, esto no se cumple. Los barrios 13 de Abril, Miraflores Alto, La Yahuira y otros sitios, donde la actividad comercial es intensa, se
encuentran en laderas. También se construyen edificios altos en calles estrechas.



10/03/2010 Ambato aún es vulnerable a los sismos


Redacción Sierra Centro
ambato@elcomercio.com

La casa de Silvia Pillajo está hecha con hormigón y bloque. Es de un solo piso y se encuentra en el barrio 10 de Agosto, de la parroquia Picaihua. En este pueblo, ubicado a 20 minutos del centro de Ambato, las calles son polvorientas y hay cultivos de maíz y papa.

Pillajo, quien está casada y tiene dos hijos, se dedica a confeccionar zapatos. Solicitó un crédito de USD 10 000 en una cooperativa, para construir una casa, de 120 m². No contrató a un arquitecto para que diseñe los planos y dirija la obra. “Para abaratar los costos le pagué a un maestro albañil. Pero estoy preocupada con esto de los terremotos. No sé si mi casa resistirá un sismo”.

La artesana dice que sus vecinos también edifican sin planos. “En la tienda escuché que en el terremoto de Ambato los cerros que rodean a este pueblo se desmoronaron. ¡Qué miedo!”.

El 5 de agosto de 1949, la tierra tembló en la capital de Tungurahua. Según datos del Municipio, murieron 6 000 personas y 50 poblaciones fueron afectadas.

Delia Silva tiene 74 años y era una adolescente cuando ocurrió la tragedia. “Fue un viernes. El primer sacudón fue a las 14:05. Me acuerdo clarito. Salí corriendo a la calle. Luego vino otro temblor. Escuché un ruido feo. Las casas del centro se caían y la gente no sabía qué hacer. Corríamos despavoridos, desesperados”.

Alejandro Tubón, de 77 años, cuenta que se cavaron fosas para enterrar a los muertos. “El rescate de las víctimas fue un trabajo duro y doloroso que conmovió al país y al mundo. Es inolvidable”.

Dos años después del terremoto, las autoridades aprobaron el Plan Regulador de Ambato, para prohibir que se levanten casas en las laderas y exigir que todas las edificaciones sean diseñadas por profesionales.

Mariana Ortiz, directora de Planificación del Municipio, reconoce que las disposiciones no se cumplen. Detalla que más del 50% de las casas ubicadas en las parroquias rurales y en las periferias no tienen planos. “Fueron edificadas en zonas donde hay deslizamientos y sin el control de un técnico”. El último censo indica que en las 18 parroquias rurales hay 29 718 viviendas.

Hay cinco inspectores para controlar todos los edificios que se levantan en la urbe. “La gente debe hacer conciencia sobre el peligro de tener una casa insegura”.



10/03/2010 Los taxistas cuencanos rechazan más unidades

Redacción Cuenca

La Unión de Taxistas del Azuay amenazó ayer con una paralización en Cuenca. Sus miembros están en contra de la aprobación de más cooperativas de taxis en la ciudad.

Según Bolívar Sucuzhañay, presidente del gremio, el malestar es por la decisión de la Corte Constitucional y del Tribunal Contencioso Administrativo, que obligan al Municipio a extender permisos de funcionamiento a nuevas compañías.

Según él, en Cuenca hay un informe técnico que indica un exceso de 700 taxis.

La Asociación del Frente Unido de Taxistas del Azuay agrupa a 3 512 miembros, que incluye a los 1 800 de la Unión de Taxistas del Azuay.
En la provincia hay 106 empresas y compañías.

El próximo viernes se tratará el tema en la Gobernación. Allí se reunirán los delegados del Consejo de la Judicatura, del Ministerio de Gobierno, de la Comisión Nacional de Tránsito, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y del Consorcio de Consejos Provinciales.

Luego de esa reunión, dice Sucuzhañay, habrá una asamblea de taxistas azuayos para decidir si se declaran en paro.
Para Boris Palacios, director de la Unidad Municipal de Transporte, esta semana se emitiría la aprobación para que la empresa Quinta Chica entre a operar, con unas 50 unidades. Mientras que la empresa Transcalvario espera una respuesta a una petición de aclaración.

Palacios agrega que la aprobación de funcionamiento de esas empresas desbarata toda planificación. El Municipio de Cuenca planteó una acción extraordinaria de protección ante la resolución. “Pero creo que el permiso debe ser dado, ya no hay más acciones en el ámbito legal”.



10/03/2010 Carchi es otro destino de los peruanos

Redacción Sierra Norte

El peruano Abraham Espinoza recorre las calles Sucre y Bolívar de Tulcán, con un pequeño coche. Allí lleva una canasta y un reverbero para cocinar los huevos de codorniz que vende. “Son buenos para controlar la anemia y fortalecer los huesos”.

Los transeúntes se aproximan y compran los tres huevos de codorniz en USD 0, 25. El peruano llegó a la provincia hace un año y medio.
“Estuve en Cuenca, Riobamba, Latacunga... pero el negocio se puso malo y me vine acá”.

90 deportados
Según datos de la Policía de Migración en Rumichaca, el año pasado se detuvo a 44 personas por permanencia ilegal y a 57 por indocumentados. Tres tenían nacionalidad peruana.
El año pasado, la Policía de Migración de Carchi deportó a 90 extranjeros. 72 eran de nacionalidad colombiana. La mayoría se dedicaba al comercio informal.
En Tulcán, la Oficina de la Pastoral Migratoria asesora a los extranjeros interesados en solicitar refugio. Durante los primeros días reciben ayuda para la alimentación.

Vive solo y una parte de los USD 15 que gana cada día lo envía al Perú. Allá está su familia. No quiere hablar de su vida personal, pero aclara que tiene la visa de trabajo actualizada.

“En Latacunga me detuvieron y contraté a un abogado para legalizar los papeles”.

Espinoza no es el único peruano que vive en Carchi. En noviembre, del año anterior Agustín Carapurca llegó a la ciudad de San Gabriel. Él recorre con un coche el parque central y vende aguas de remedio.

“Mis tres primos llegaron hace tres años. Dos se fueron a vivir a Ipiales (Colombia)”. El dinero que gana le sirve para el pago de su alimentación diaria y los USD 30 mensuales de arriendo. “En Perú había mucha competencia, aquí somos pocos”.

Jhon Mejía tiene doble nacionalidad: peruana y ecuatoriana. Comenta que la falta de fuentes de empleo en Perú les obliga a salir. Él se afilió a la Asociación 15 de Marzo. “Así evito problemas con los policías municipales”.

Mejía estuvo tres años en Cuenca, pero el negocio decayó y llegó a Carchi a vender aguas aromáticas. Al mismo oficio se dedica Manuel Mundaca.

Lorena Almeida es una de sus clientas. “Las aguas aromáticas son buenas para el funcionamiento de los riñones”.
Mundaca llegó hace cuatro años y en agosto renovó su visa de trabajo. Gastó USD 360 y el trámite lo hizo en Quito.

En noviembre del año pasado, tres peruanos fueron detenidos por indocumentados en Ipiales. Fueron devueltos a las autoridades ecuatorianas, porque se comprobó que pasaron por el Puente Internacional de Rumichaca.
Henry Tapia, jefe de Migración, indicó que son pocas las deportaciones de peruanos.

Según datos de la Dirección Nacional de Migración de 2000 a 2009 ingresaron al país 685 252 peruanos. En el mismo período salieron 373 075. Aunque no hay cifras oficiales, las autoridades de Migración calculan que 120 000 peruanos viven en Ecuador. La mayoría, en Loja, El Oro, Cotopaxi, Pichincha y Carchi.

Los extranjeros se dedican al comercio informal, a la minería y al servicio doméstico. La ganancia en dólares incentiva a los peruanos a quedarse en Ecuador.

Solo en diciembre de 2009 por Rumichaca ingresaron al país 2 150 peruanos y salieron 1 250.

En la oficina del Ministerio de Trabajo no hay estadísticas de cuántos extranjeros laboran en las 350 empresas registradas en la provincia de Carchi.

Los funcionarios dicen que es muy difícil tener estas cifras. El trabajo de ellos se limita a realizar inspecciones, solicitar a los dueños los documentos de los empleados y si hay alguna ilegalidad, se notifica a Quito.

Edmundo Ruiz, director nacional de la Policía de Migración, advirtió que los extranjeros deben legalizar su permanencia.



10/03/2010 Dos autoridades lojanas salieron por desacuerdos

Redacción Cuenca

Nueve meses estuvo José Mora al frente de la Gobernación de Loja. El pasado 11 de noviembre renunció, tras ser regañado por el presidente Rafael Correa, por no haber evitado un paro de taxistas, que lo sorprendió a su arribo a esa ciudad.

Ese día, Correa fue recibido por una protesta de transportistas, que pedían controlar a los taxis ejecutivos. La protesta retrasó su viaje a Zamora Chinchipe.

Más tarde, Mora presentó su renuncia y fue aceptada, aunque aclaró que nadie se la pidió. Ese día dijo que “nada estuvo previsto, he cumplido un ciclo...”.

Mora no es el único gobernador lojano que ha renunciado por desacuerdos con el Mandatario. Su antecesor, Nilo Córdova, dijo públicamente que el presidente Correa sí conocía de los contratos que tenía su hermano (Fabricio Correa) con el Estado.

Ahora, Córdova está dedicado a la agricultura y ganadería y se distanció del Movimiento País. En cambio, Mora quien pertenece a la Alianza Bolivariana Alfarista, ejerce como abogado. Él llegó al cargo (febrero del 2009) en un momento crítico que atravesaba País por las elecciones primarias.

En esa época, había un resquebrajamiento en las relaciones entre dirigentes como Córdova y el prefecto, Rubén Bustamante (País), ambos querían postularse como candidatos a la Prefectura.



10/03/2010 En Yahuarcocha hubo 24 decomisos
Redacción Sierra Norte

Una llamada anuncia que un tráiler cargado con mercadería de contrabando pasará por el destacamento del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Yahuarcocha. El jefe del cuartel, Óscar Albán, alista el operativo.

A las 06:00 del domingo, el camión de placas PZK-497 no se detiene en el control. Personal del SVA y del Grupo Operativo Móvil (GOM) de Quito empieza la persecución. El vehículo es detenido a los 2 km.

En el doble fondo del cajón se encuentran repuestos para motocicletas, alimentos para aves, calzado deportivo, químicos y otras mercancías, por las cuales no se pagaron impuestos al pasar por Rumichaca. El monto de la carga supera los USD 80 000.

En lo que va del año, el SVA ha realizado 24 decomisos. El monto de lo decomisado suma los USD 480 000.

El año pasado, el SVA de Yahuarcocha realizó un total de 68 detenciones. “Solo en dos meses ya registramos más de la tercera parte de aprehensiones contabilizadas en 2009”, dice Albán.

Las bodegas del SVA de Yahuarcocha están casi llenas. En la Fiscalía de Aduanas de Imbabura se siguen los trámites para realizar donaciones a los albergues y a otras organizaciones de Imbabura y Pichincha. Eso, según el fiscal Paúl Bolaños.

Hace poco, el SVA quemó un cargamento de juegos pirotécnicos y medicinas. En las bodegas hay ropa, zapatos y otros objetos desde hace más de dos años.

“El Gobierno mantiene las salvaguardias para encarecer las importaciones. Los electrodomésticos, perfumes y ropa tienen un impuesto adicional de USD 12 por kilo. El calzado, de USD 10”, señala Albán.

Los infractores usan las vías que conectan a Ibarra con Urcuquí y Mariano Acosta, el camino antiguo a Yahuarcocha, la carretera a San Lorenzo y la vía alterna entre Urcuquí y Otavalo, para ingresar la mercadería.

Estas vías ayudan a evadir en control de Yahuarcocha.

10/03/2010 El Gobernador de Santo Domingo renuncia por reproche de Correa


Redacción Santo Domingo
ecuador@elcomercio.com

El paro de taxistas en Santo Domingo de los Tsáchilas, el pasado viernes, ocasionó la renuncia irrevocable del gobernador Freddy Campos. El presidente Rafael Correa le cuestionó por haber negociado bajo presión.

Correa desautorizó a cualquier autoridad que negocie con quienes cierran calles, atentando contra el bien público. “Si no superamos este primitivismo, el país no sale adelante”, señaló.

En su enlace del último sábado, el Mandatario dijo que por el diálogo todo, por la fuerza nada. Además, desconoció el acuerdo alcanzado entre la dirigencia de los taxistas y el Gobernador, mientras se realizaba el paro.

Por ese pronunciamiento, Campos renunció. Según él, es la cuarta ocasión que lo hace, en las tres anteriores fue ratificado.
Ahora, los dirigentes del Movimiento País en la provincia buscan a su reemplazo.

Campos dijo que no tiene resentimientos. El principal motivo de la paralización fue exigir que se controle a los taxistas ejecutivos e ilegales que circulan en la ciudad. También pidieron el nombramiento del Director Provincial de la Comisión de Tránsito y la creación de un juzgado.

Para ratificar estas peticiones, se firmó un acuerdo. En el debate del documento participó el gobernador Campos, el comandante de Policía de Santo Domingo, Pablo Campos y el general Euclides Mantilla, quien representó al Ministerio de
Gobierno. Los dos policías no han sido sancionados por asistir a la negociación.

Otra decisión de Correa fue que se enjuicie a la dirigencia de los taxistas. Una delegación de juristas del Ministerio de Gobierno
trabaja, desde el pasado lunes, en la Gobernación de Santo Domingo. Su labor es encaminar las acciones legales en contra de 26 dirigentes que impulsaron el paro.

Para el presidente de la Unión de Taxistas de Santo Domingo, Fausto Mera, Correa está mal informado. Él desestimó las acciones legales en su contra, “porque se están gestionando las peticiones que realizamos”.

Según él, una prueba de esto es que ya hubo una primera sesión para nombrar al Director Administrativo de la Comisión Provincial de Tránsito. “Esperamos que el proceso no se frene. Asumimos el compromiso con seriedad”.

10/03/2010 El río Portoviejo arrastra palizadas

Redacción Manta
ecuador@elcomercio.com

El temor por inundaciones es latente entre los habitantes del valle del río Portoviejo. Por las lluvias, que se registran desde hace cinco días en la provincia, los caudales de ríos y quebradas subieron.

Fabián Anchundia reside en el sitio Corre Agua, del cantón Sucre. Este agricultor teme por las crecientes del río Portoviejo. “Sabemos que las lluvias son intensas en la zona de la represa Poza Honda, donde nace ese afluente”.

Marcha en Portoviejo
Hoy, a las 11:00, habrá una marcha en Portoviejo. La protesta será por la falta de atención del Régimen. Choferes, universitarios... saldrán a la protesta.
Según Leandro Briones, dirigente barrial, se dieron 3 000 camisetas y 2 000 adhesivos para ser pegados en los vehículos.

El pasado fin de semana, la palizada y los lechuguines llegaron a las parcelas de arroz. 200 agricultores están preocupados, porque invirtieron más de USD 300 000 en la siembra de 250 hectáreas de la gramínea.

En cambio, en el cantón manabita Santa Ana, 80 familias de la ciudadela Falcones, ubicada en el ingreso de esta ciudad, temen por el brote de epidemias.

Según la habitante de Santa Ana, Fabiola Calderón, las aguas servidas rebosaron las alcantarillas, por las crecientes del río Portoviejo. “Se está formando un lago de aguas negras en la zona urbana y los mosquitos transmisores del dengue se multiplican rápidamente. Hay que protegerse desde las 18:00, con toldos”.

El coordinador de Gestión de Riesgo de Manabí, Roque Mendoza, descarta una posible inundación, pese a que el caudal del río Portoviejo está creciendo.

Él pide que la población ayude a detectar cualquier anomalía en el comportamiento de los ríos, para poder reaccionar rápidamente en los sitios donde se necesite la presencia de los organismos de socorro.

250 hectáreas
de cultivos de arroz están en riesgo de perderse, por la creciente del río Portoviejo.

En Tosagua, la saturación de agua en las lomas de mediana y baja pendientes ha causado hundimientos en poblados como San Roque.

“Hasta una estrecha franja del cementerio, ubicado en el noreste de la urbe, simplemente fue absorbida por la tierra”, dice Fabián Zambrano, vecino de Pitahaya.

El invierno también afectó a las vías en construcción. Por ejemplo, en la carretera La Sequita-Crucita, del cantón Portoviejo, las corrientes de aguas lluvias, que bajaron de las lomas, bloquearon la arteria con lodo.

Los vecinos del lugar retiraban ayer el barro con la ayuda de sus pequeños tractores, que se utilizan para el arado de la tierra. “Si esperamos que llegue la maquinaria estatal tarda mucho, lo bueno es que es un pequeño tramo y lo podemos limpiar”, dice Fabián Zavala, morador de La Sequita.

En el norte de Manabí, en Pedernales, unas 50 piscinas camaroneras se desbordaron producto de los aguajes.

Olas gigantes chocaban ayer, desde las 10:00, en las playas y acantilados de los nueve cantones costeros. Según el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar), los fuertes oleajes se mantendrán durante dos días.

En las costas de Manta, la prudencia fue evidente, especialmente, en los balnearios urbanos de El Murciélago y Tarqui.